Aprehenden once personas por delitos ambientales en Tortuguero

16 julio, 2020 4:41 pm

Redacción/Prensa Casa Presidencial

  • Operativo fue llevado a cabo por el Grupo Operacional Ambiental del MINAE
  •  Además, fueron decomisadas motosierras y madera con un valor estimado en ₡40 millones.
  •   Ministro de Ambiente y Energía anunció que se dará seguimiento policial permanente en todo el país ante el incremento de delitos ambientales a raíz de la pandemia.
  • Detenciones obedecen al presunto delito de caza prohibida, arponeo de tortugas y transporte o uso de madera ilegal.
  • Pococí, Limón. Un total de once personas fueron aprehendidas la semana anterior por delitos ambientales por el Grupo Operacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía, en el Parque Nacional Tortuguero y zonas aledañas, como parte del operativo denominado MYDAS.

    Se trata de dos personas que fueron sorprendidas cazando cusucos o armadillos, tres vinculadas con el uso y transporte de madera ilegal y otras seis que se encontraban arponeando tortugas (pesca con arpón) aguas adentro del parque nacional.

    Durante el operativo – en el que participaron trece oficiales GOA, ocho oficiales de ACTo, un oficial ACLAC (Área de Conservación la Amistad-Caribe) y un Fiscal Ambiental– Además, fueron decomisadas, además motosierras y madera con un valor estimado en ₡40 millones.

    “La Operación MYDAS, realizada durante los primeros días de julio, tiene como objetivo fortalecer la vigilancia para atacar los delitos relacionados en especial arponeo de tortugas, cacería y tala ilegal en la provincia de Limón. Contó con fases de planeamiento, ejecución y seguimiento de los delitos ambientales denunciados dentro y fuera de las Áreas Silvestres Protegidas en Tortuguero”, dijo Miguel Madrigal, jefe del Grupo Operacional Ambiental (GOA).

    El ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, indicó que “ante la mayor incidencia de este tipo de delitos en el marco de la emergencia nacional a raíz del COVID-19, seguiremos reforzando las operaciones del Grupo Policial Ambiental especializado del MINAE-SINAC en diferentes partes del país”.

    Resultados operativo

    Arponeo de tortugas. Durante el operativo, fueron detenidos seis sujetos que se encontraban arponeando tortugas (pesca con arpón) aguas adentro del parque nacional.

    Tanto el capitán de la embarcación, de apellido Alvarado, como los otros cinco tripulantes de apellidos Salguero, Núñez, Gómez, Varela y Céspedes fueron trasladados a la Fiscalía de Guápiles como corresponde, quedando a la orden de los Tribunales de Justicia.

    Madera ilegal. Dos personas –de apellidos Aguilar y Vargas– fueron descubiertas aserrando madera de procedencia ilegal. Posteriormente fueron presentadas ante la Fiscalía de Flagrancia de Guápiles por atentar contra la Ley Forestal.

    Otro sujeto de apellido Álvarez que transportaba madera ilegal también fue aprehendido y pasado a la Fiscalía de Flagrancia junto a los bienes decomisados –un vehículo tipo pickup y la madera que transportaba.

    Luego, se encontró en la propiedad donde vive el detenido, una gran cantidad de madera en el sitio, la cual también fue decomisada en el acto.

    Cacería ilegal. Otros dos individuos de apellidos Rojas y Corrales, fueron pasados a la Fiscalía de Guápiles por cacería ilegal. A la hora de la detención, uno poseía un armadillo y un arma blanca (cusuco) y el otro un rifle, machete y foco.

    Durante el operativo se requisaron varias lanchas sospechosas sin encontrarse hallazgos vinculados con delitos ambientales. A estos casos, se les dará seguimiento.

    Sanciones por delitos ambientales. Por cacería, tenencia y portación ilegal de armas, la pena va de tres meses a cinco años de prisión, mientras que por los delitos de Infracción a la Ley de Vida Silvestre las personas se exponen a penas de seis meses a un año de cárcel. Sin embargo, podría aumentar de uno a tres años, si se trata de animales en peligro de extinción.

    Por delitos relacionados con la Infracción a la Ley Forestal, las penas de cárcel son: por el delito de procesamiento ilegal, de 3 meses a 3 años, y por la adquisición ilegal, de 1 mes a 3 años.