Prensa MAG/ Redacción

• Ordena varias instituciones a ejecutar un plan de capacitación de educación financiera a la población agropecuaria y pesquera.
• “Es una mano que se tiende a los agricultores que están ahogados por los préstamos y no ven salida  ante problemas climatológicos, plagas y enfermedades que amenazan las condiciones de productividad”, dijo el jerarca del MAG.
• Se solicita a las entidades financieras y operadores del SBD contactar a quienes se encuentren en procesos de cobro judicial con el fin de analizar posibilidades para regularizar su situación.

El Gobierno emitió  en mayo, la directriz Nº 049-MAG-MCEE “Sobre la atención de las personas con obligaciones financieras del sector agropecuario y o pesquero afectadas en su capacidad de pago a causa de fenómenos climáticos y biológicos”.

La directriz instruye al Banco Nacional de Costa Rica y al Banco de Costa Rica a ofrecer alternativas a las personas del sector agropecuario y pesquero cuya capacidad de pago se ha visto afectada por situaciones climáticas o biológicas, e invita a su aplicación al Banco Popular y de Desarrollo Comunal y a los operadores financieros del Sistema Nacional de Banca para el Desarrollo (SBD).

A la vez, la directriz establece que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Nacional de Seguros, Sistema Bancario Nacional Público y SBD deberán definir estrategias para ejecutar capacitaciones de educación financiera, así como el uso de seguros agropecuarios en el proceso de financiamiento.

La directriz fue firmada el martes 21 de mayo por el Presidente de la República Carlos Alvarado, el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado Rivera, y la Ministra de Coordinación Económica, Edna Camacho, en el marco de la sesión de Consejo de Gobierno. En el anuncio estuvieron presentes representantes del sector bancario estatal.

“Esta directriz es una señal clara del compromiso que hemos asumido como Administración con el sector agroproductivo. Estamos con ustedes y no los vamos a dejar”, expresó el ministro del MAG.

Algunas medidas

La directriz plantea diferentes alternativas de arreglo para el cumplimiento efectivo de las obligaciones financieras de las personas del sector agropecuario y pesquero del país que han visto afectadas su capacidad de pago, debido a situaciones climáticas y biológicas.

Entre otras, pago parcial de cuotas, prórroga para el pago del capital, extensión de plazos, implementación de periodos de gracia, mejoras en tasa de interés para quienes apliquen y según la entidad, financiamiento de avalúos, seguros, gastos legales y otros asociados al proceso de adecuación, financiamiento adicional de capital de trabajo o inversiones urgentes.

Las condiciones de plazos contemplarán las necesidades de cada cliente, su plan de inversión y sus garantías y, como parte del plan de inversión, se incluirá la prima del seguro agrícola o pecuario que aplique a cada caso. 

Los recursos disponibles de las Líneas del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE) destinadas a Programas de Emergencias, se aplicarán a sujetos que cumplan con ser beneficiarios del SBD, esto incluye el financiamiento de los créditos a Tasa Básica Pasiva con un piso del 6%.

Para quienes ya se encuentren en procesos de cobro judicial o en procesos avanzados de ejecución de garantías, las entidades financieras y los operadores del SBD deberán contactar a cada persona productora, para que se aproximen a las entidades con el fin de analizar posibilidades viables de regularizar su situación.

“De esta manera, permitimos a las personas productoras reducir sus cargas financieras con el fin de que tengan la posibilidad de estabilizar su actividad productiva, lo que generará un efecto dominó positivo, en tanto favorecerá el fortalecimiento y mejoramiento del sector agropecuario, pesquero y rural, que ya sabemos, es motor de desarrollo, generador de riqueza, creador de empleos de calidad y garante la seguridad alimentaria y nutricional”, concluyó el ministro Alvarado Rivera.

El crédito agropecuario es de 4% del total de la cartera crediticia del sistema financiero nacional.