Miriam Quesada Chavarría miriam.quesada@enlacecr.com

“La democracia no es para los costarricenses, simplemente, una estructura política de gobierno: es ante todo, un hondo sentimiento que ha permanecido vivo y palpitante a todo lo largo de nuestra historia de nación independiente” (Rodríguez Vega, 1954:14).

 La democracia costarricense nació por la necesidad de organización en el periodo de vida colonial  y a pesar de ventiscas y huracanes que la han azotado, permanece como parte de la idiosincrasia de los habitantes, quienes aprecian su libertad.  En el tico,  la democracia es un sentimiento profundo que  permite disfrutar de la libre expresión y un proceso electoral tan honesto y sin traba que se convierte en una fiesta cívica cada cuatro años. Cuando los votos se cuentan, la decisión es aceptada, perdedores y ganadores se dan la mano y la vida democrática continúa. Esto es lo que quisiéramos pensar, sin embargo, cada día es más hondo el sentir de descontento y traición que envuelve  a los costarricenses.

La vida democrática en Costa Rica nació con la colonización. La expansión territorial,  formada por pequeños terratenientes que no contaron con mano de obra indígena suficiente para convertirse en señores, la homogeneidad étnica de la población y el aislamiento de los procesos políticos de América Latina contribuyeron al desarrollo de una sociedad igualitaria gobernada por cabildos, especie de concejo municipal, la primera unidad de administración local implantada por los españoles en los lugares donde se asentaban, y sirvió como una especie de autoridad general para la  totalidad del territorio recién ocupado mientras el rey no nombrara funcionarios.

En 1812, en la Constitución de Cádiz se postularon los derechos y deberes de los ciudadanos y por primera vez los habitantes de Costa Rica votaron libremente para elegir diputados y munícipes. En 1821, con la independencia, Costa Rica se dividió en dos bandos, conservadores y libertadores, quienes elaboraron el Pacto de Concordia, considerada la primera constitución política, para mediar en la toma de decisiones, dado las opiniones encontradas entre grupos para dirigir los destinos de este país.

Desde 1821 hasta 2017 se han establecido catorce diferentes constituciones para dirigir el destino  de Costa Rica,  todas ellas son el resultado de luchas de sangre en algunos casos, luchas de poderes, luchas por la posesión económica, pero al final, cada vez que se ha producido un cambio, se ha contado con la voluntad de la mayoría de los costarricenses, quienes no han dudado en agruparse para defender sus derechos e intereses.

La experiencia histórica deja ver que las democracias son derribadas porque cuentan con el apoyo o la pasividad de la parte mayoritaria de la ciudadanía.  La democracia no es el resultado de un regalo para Costa Rica, es la meta lograda por personas visionarias que creían en la igualdad, la justicia social, y el derecho y se torna vulnerable cuando se pierden esos valores  en los políticos y constructores del Estado Costarricense.

Según estudios realizados por Jorge Vargas y Luis Rosero, de la Universidad de Costa Rica, la democracia está sufriendo un quebranto porque  una de cada diez personas “no hacen nada”, es decir, no ejercen su derecho a la participación en la vida social y económica del país;  un 13% solo emite su voto cada cuatro años. Esto convierte a la cuarta parte de los costarricenses en personas inactivas.  La quinta parte de la población costarricense, aunque intervienen en la vida de las comunidades no ejercen su voto y solo un 7%  de la ciudadanía interviene en todos los ámbitos de la participación ciudadana.

Es por esta razón que la democracia costarricense está en riesgo;  se debe trabajar urgentemente por  la justicia distributiva mediante procesos equitativos. Huelgas, manifestaciones, bloqueos en carreteras son los métodos que utilizan organizaciones sociales para ser escuchadas, dado a que en los últimos tiempos, los políticos nombrados, anteponen sus intereses propios  y mezquinos a las necesidades de los pueblos que los nombraron sin preocuparse por los servicios constitucionales que el pueblo reclama. Es evidente el débil papel de la Asamblea Legislativa, la falta de representación por parte de los legisladores y la poca preocupación por sus electores.

Es urgente la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, es necesario que las demandas, preocupaciones, opiniones y necesidades de los ciudadanos sean escuchadas.  Para ello es preciso que cada persona en este país se acerque a los canales de participación comunal, organizaciones comunales, cooperativas, organizaciones sociales, que se integren en redes como uniones y federaciones, que permitan la construcción de una democracia real, que establezca un contrapeso para que los gobernantes no tengan el control absoluto de nuestra Costa Rica.

Los organismos locales deberían ser los encargados de fomentar y facilitar mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno, sin formar parte de ningún partido, convirtiéndose en  los protagonistas de este cambio.  Es urgente que cada costarricense retome su responsabilidad en la construcción de una democracia participativa que haga llegar hasta los puestos de gobierno y la Asamblea Legislativa, hombres y mujeres a los que se les exija transparencia, respeto y trabajo por una Costa Rica para todos, al fin y al cabo, para eso les pagamos.