Problemática Territorios Indígenas de la Región Brunca
Miriam Quesada Chavarría
- En la Región Brunca existen cinco pueblos indígenas, divididos en 12 territorios.
- Los enfrentamientos por tierras cada vez son más comunes.
Costa Rica es un país afortunado al contar con ocho pueblos indígenas originarios: bribris, cabécares, térrabas o teribes, bruncas, ngöbes, maleku, chorotegas y huetares, alrededor de 104 143 personas son indígenas, lo que representa un 2,42% de la población costarricense, según el X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Ellos residen en 24 reservas indígenas, distribuidas en diferentes zonas del país. Según el X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011, en las reservas indígenas, también viven cerca de 12 557 personas no indígenas, un 25,9% de la población que habita en estos lugares.
Una reserva o territorio indígena es un espacio creado por ley o por decreto ejecutivo y suele tener límites naturales, destinado a que las poblaciones indígenas puedan desarrollarse según sus costumbres y tradiciones.
En la Región Brunca existen 12 territorios indígenas. Mapa tomado del X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.
En la Región Brunca habitan cinco pueblos indígenas: bribris, borucas o bruncas, cabécares, ngöbes o guaymíes y térrabas, los cuales cuentan con 12 territorios: Salitre, Cabagra, Boruca, Curré, Ujarrás y Térraba en el cantón de Buenos Aires, China Kichá en Pérez Zeledón, Abrojo Montezuma y Altos de San Antonio en Corredores, Osa en el cantón del mismo nombre, Coto Brus en Coto Brus y Conteburica en Golfito; es decir, en todos los cantones de la región.
En el Artículo 1, de la Ley 6172 de Costa Rica, Ley Indígena, del 29 de noviembre de 1977, se establece que: “Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad”.
Además, esta misma ley indica en su Artículo 3º que, “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros”.
En el momento que se firmó esta ley, se le dio potestad al Instituto de Tierras y Colonización ITCO, actualmente Instituto Nacional de Desarrollo Rural INDER, para que las personas no indígenas que fueran propietarias de terrenos dentro de las reservas creadas, fueran reubicadas o indemnizadas y se indica que posterior a este proceso si hubiera invasión de los territorios indígenas por personas no indígenas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna.
Esta ley, no ha sido cumplida a cabalidad, en muchos de los territorios indígenas habitan personas y familias completas no indígenas, familias con un padre indígena y otro no indígena. Algunos pobladores indígenas como Salitre, Térraba, Cabagra, Boruca y Curré iniciaron desde el 2010 la recuperación de sus territorios de hecho, debido a no obtener respuesta positiva del gobierno en el proceso de recuperación por la vía judicial, por lo cual se ha generado un conflicto bastante grande en la Región Brunca, en donde se presentan enfrentamientos entre ambos grupos, que defienden lo que consideran les pertenece.
El 30 de abril del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Costa Rica medidas cautelares con el fin de proteger la vida y la integridad física de las poblaciones indígenas Teribe o Térraba y Bibri ubicadas en Salitre de Puntarenas.
En 2018 y 2019 se dieron varios enfrentamientos entre ambas poblaciones. El 18 de marzo 2019, el líder indígena Sergio Rojas es asesinado en su vivienda, hecho que los grupos indígenas atribuyen a la problemática existente y al proceso de defensa y recuperación de los territorios.
Este hecho, avivó el proceso de recuperación de tierras, desde esa fecha se han dado enfrentamientos por tierras, entre indígenas y no indígenas, en los territorios de Cabagra, Salitre, Térraba y China Kichá. La recuperación de tierras de hecho se ha intensificado en el último mes.
La Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, denuncia que, a raíz de un nuevo proceso de recuperación en Térraba, el 23 de febrero, los recuperadores fueron víctimas de agresiones, amenazas e intento de homicidio por alrededor de 150 personas, que según ellos son instadas por finqueros que usurpan estas tierras.
La noche del 24 de febrero, fue asesinado de 5 disparos el líder indígena Jerhy Rivera Rivera mediante un enfrentamiento con coterráneos en un proceso de recuperación de tierras por la vía de hecho. Cabe resaltar que las personas sospechosas de este homicidio, también son indígenas y quedaron en libertad debido a una resolución del juzgado a su favor, a razón de que según su testimonio, uno de los involucrados recibiera alrededor de 8 machetazos realizados por Jerhy Rivera y además recibieron amenazas por parte de este líder indígena de que serían quemados vivos junto con sus familias.
A finales del mes de febrero, se realiza un proceso de recuperación de tierras en los lugares de Capri y Palmira, pertenecientes al territorio indígena Cabagra, en esta oportunidad según habitantes de la zona, se les indica que tienen 3 días para salir de las propiedades, por tanto, alrededor de 140 personas, indígenas y no indígenas se refugiaron en un salón comunal de Potrero Grande.
Las diferentes reuniones realizadas entre representantes del Gobierno, indígenas y no indígenas, tiene como fin la búsqueda de una solución sin recurrir a la violencia.
El 27 de febrero 2020, el Gobierno de Costa Rica y el Consejo de Mayores Bröran de Térraba acordaron detener las recuperaciones de tierras de hecho por parte de las personas indígenas, con el acuerdo de que el INDER, continuará con el proceso de medición de las propiedades que fueron definidas como prioritarias en Térraba, territorio que actualmente se encuentra en la etapa de levantamiento topográfico. El 16 de abril se evaluarán los resultados de las mediciones y se tomarán los acuerdos pertinentes. Además, el director ejecutivo de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) visitará el Territorio Indígena de Térraba para analizar mecanismos de gobernanza interna.
Asimismo, el 28 de febrero el Viceministerio de la Presidencia, junto con la Alcaldía de Pérez Zeledón acordaron crear una comisión con participación del Viceministerio, la alcaldía, un representante del Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Seguridad Pública y personas afectadas por las recuperaciones de hecho con el fin de atender los desplazamientos involuntarios en el territorio indígena de China Kichá. También se invita a la CIDH a realizar una sesión de trabajo en el país.
Este mismo día, las asociaciones de desarrollo indígenas de Boruca, Cabagra, Rey Curré, Salitre y Ujarrás, hicieron un llamado por mantener un clima de paz, considerando que la vía institucional para la devolución de tierras es la ruta necesaria a seguir, y plantearon la necesidad de que la ejecución del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas por parte del INDER, disminuya en tiempos de medición, amojonamiento, levantamiento topográfico, notificaciones, entre otros.
Salomón Ortiz, presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre señala: “Queremos que nuestras comunidades vuelvan a la tranquilidad. Ojalá que toda la población piense que necesitamos el desarrollo de nuestras comunidades sin violencia a ningún compañero ni a otro poblador“.
La Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, el 05 de marzo, envía denuncia al Secretario Ejecutivo de la CIDH, por la omisión del Estado costarricense ante la supuesta amenaza de muerte de los miembros de esta organización, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery López Castro, por parte de páginas en redes sociales, debido a la labor de defensa de los derechos humanos y a partir de la denuncia pública del asesinato del defensor Jerhy Rivera. Esta denuncia también fue interpuesta ante instancias judiciales.
Esta alerta también fue enviada por la Defensoría de los Habitantes al Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, solicitando la desarticulación de redes de criminalidad, impedir el ingreso de camiones cargados de hombres armados con machetes y de caravanas de motos sin placas a los territorios indígenas (Salitre y Térraba), e incrementar los operativos de control de armas blancas y de fuego. En respuesta, el Ministro de Seguridad mediante oficio MSP-DM-DVUE-124-2020, indica a la Defensora que el ministerio mantiene una fuerte presencia policial en la zona, pero el conflicto por toma de posición de hecho en los territorios indígenas del sur, debe solucionarse mediante el diálogo, además que los afectados debe denunciar las amenazas ante el Organismo de Investigación Judicial, en aras de que se realice la investigación OIJ respectiva, debido a que la labor de Fuerza Pública es preventiva.
Durante los días 6 y 7 de marzo, se presentaron incendios en el territorio de China Kichá, los cuales se encuentra en investigación por parte del OIJ, a raíz de esto se requirió la presencia de la brigada de incendios forestales de Bomberos de Costa Rica y se aumentó la presencia policial en la zona, cuando los oficiales se trasladaron para atender la situación se encontraron con vías obstruidas con llantas, ramas y otros objetos. La brigada del Cuerpo de Bomberos estimó la afectación del fuego en 140 hectáreas aproximadamente. Los grupos indígenas denuncian agresiones por parte de los finqueros.
Ante estos hechos de violencia, el Viceministro de la Presidencia en Diálogo Ciudadano, Randall Otárola y el Viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, se trasladaron hasta la zona afectada, para conciliar con los grupos de finqueros y de pobladores indígenas, que concluyó en que ambos grupos acordaran abstenerse de manifestaciones violentas previo a un nuevo espacio de diálogo posterior al 18 de marzo.
Una persona dirigente de la Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá, responsable de la organización en la recuperación de las fincas dijo a Periódico Enlace: “El gobierno tiene una deuda con los pueblos indígenas, estamos haciendo una tregua, que significa no recuperar por ahora más tierras, pero no tenemos tiempo para esperar más, el gobierno será responsable de lo que pase aquí, porque los pueblos indígenas tenemos derechos y los que nos atacan son una mafia, y el gobierno no quiere esa cirugía de corazón abierto y ya no tenemos tiempo para esperar”
En una entrevista realizada a Francisco Ortiz, presidente de la ADI de Salitre, en un medio de comunicación nacional el pasado 9 de marzo, este representante comunal culpa a grupos externos, como universidades y ONGs de la situación de violencia en el proceso de recuperación de territorios e indica que anteriormente los pueblos eran pacíficos y los procesos de recuperación se realizaban mediante el diálogo y la negociación, estrategias que ha utilizado la ADI de Salitre en su territorio y que ha dado como resultado la recuperación de varias fincas y la colocación de familias en estas propiedades.
En un aporte realizado a través de la página de Facebook EnlaceRB, indica una indígena que desde su nacimiento ha visto enfrentamientos y desacuerdos entre las familias del pueblo Térraba, grupos con diferentes intereses, que no se valora el interés común de los térrabas para tomar acciones.
En una de sus visitas, el Viceministro de la Presidencia, Randall Otárola declaró: “El respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y el apego a las vías de entendimiento los territorios y el Gobierno son vías que garantizan la paz y la hermandad entre comunidades. La ruta será siempre la comprensión de los demás, a partir de la tolerancia y la humildad para reconocer vacíos y construir soluciones en los territorios”.
La verdad de lo que acontece en los territorios indígenas y en los procesos de recuperación, pocos lo conocemos. Lo cierto es que, estos territorios son establecidos por la Ley Indígena como exclusivos para las comunidades indígenas que los habitan, el Estado Costarricense a lo largo de los años no ha velado por el cumplimiento de esta ley, ni por el proceso de indemnización a personas no indígenas, muchas personas no indígenas habitan estos territorios desde antes de la creación de la Ley en 1977, y muchos han comprado estos terrenos de forma ilegal, sea por desconocimiento o por creer que estos pueblos nunca iban a reclamar posesión de los territorios.
Lo importante es que el Estado costarricense debe encontrar una solución mediante el diálogo y acciones concretas, que permita finalizar con este conflicto de manera satisfactoria para todas las partes y acabando con los actos de violencia. Mientras tanto, se continuará esperando por una solución, con la esperanza de que en este tiempo no hayan más vidas humanas que lamentar, al final indígenas, no indígenas, criollos, blancos, negros, todos somos hijos de esta tierra y deberíamos vernos como hermanos.